La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar, en un plazo no mayor a 10 días, un informe detallado sobre la situación de los vehículos asignados para los esquemas de seguridad de líderes y lideresas sociales amenazados en todo el país. 

La petición se fundamenta en las múltiples quejas recibidas durante los encuentros que ha sostenido el Ministerio Público con esta población vulnerable, las cuales están relacionadas con posibles riesgos de seguridad generados por el mal estado, las demoras en la entrega y mantenimiento de los vehículos asignados dentro del programa de protección de la UNP.  

Entre los requerimientos plasmados en la comunicación enviada al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, están las características técnicas que debe tener cada vehículo, el tiempo de servicio recomendado en cada caso y el costo promedio anual. 

El Ministerio Público también pidió los nombres de las empresas privadas subcontratadas para el suministro de vehículos y la identidad de sus representantes legales.

Igualmente el número de accidentes reportados por fallas técnicas en estos carros, las solicitudes de cambio de vehículo registradas, atendidas, rechazadas, y el tiempo que se tardan los reemplazos y las reparaciones de estos, entre otros datos relevantes. 

Frente a esta y otras problemáticas, la Procuradora Margarita Cabello Blanco ratificó su compromiso con la garantía y protección de líderes y lideresas sociales.

“Como Ministerio Público no podemos permitir que ningún líder social sea afectado en el ejercicio legal y legítimo de defender su comunidad”.